El término “violencia vicaria” fue acuñado por la psicóloga Sonia Vaccaro en 2012, quien lo define como:
«Aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos/hijas, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo».
La violencia vicaria se engloba dentro de la violencia de género ya que el fin es provocar un daño a la mujer. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género incluye en su Eje 3. Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas el apartado Aplicación de los derechos y prestaciones de la Ley Orgánica 1/2004 a los casos de violencia por interpósita persona. Definiendo así la violencia vicaria como «el daño más extremo que puede ejercer el maltratador a su mujer: dañar y/o asesinar a los hijos/as».
En estos días estamos asistiendo a un “debate” a propósito de la publicación de un libro donde su autor contribuye a infligir dolor y a revictimizar dando voz a un asesino, José Bretón, que en 2011 acabó con la vida de su hijo José de 2 años y su hija Ruth de 6 años para provocarle un dolor extremo a su madre, Ruth Ortiz. El asesino no aceptó que Ruth Ortiz quisiera romper su relación y demostró carecer de cualquier vínculo hacia sus hijos. Sonia Vaccaro describe así el perfil de estos hombres violentos:
«Estos individuos violentos son narcisistas, egocéntricos y carecen de empatía y capacidad de sentir culpa. Estas características no les permiten establecer un vínculo paterno-filial con sus hijas e hijos. No les permiten empatizar con ellos ni anteponer sus necesidades a las propias. Por el contrario, sus hijos son objetos de sus deseos narcisistas, y si cumplen con sus expectativas tendrán su aprobación, pero si se alejan de lo que ellos consideran que deben ser, los castigarán, incluso con el rechazo explícito y permanente».
Han pasado catorce años y ahora Luisgé Martín quiere que ese asesino narcisista continúe estando presente en la vida de una madre, a la que se le ha hecho un daño irreparable, a través de un libro y de la mano de la editorial Anagrama que está dispuesta a distribuirlo. La madre de Ruth y José pidió detener la confesión de Bretón a través de un escrito que dirigió al Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía. Ha sido la Fiscalía de Menores de Barcelona quien ha pedido al juez la suspensión del libro. La medida cautelar recaería en un juzgado de Primera Instancia. Finalmente a día de 24 de marzo el titular del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por lo que autoriza a Anagrama su difusión.
La editorial Anagrama ya hizo un comunicado donde trasladaba lo siguiente:
Desde Anagrama somos plenamente conscientes de la monstruosidad de los crímenes cometidos por José Bretón y comprendemos la sensibilidad que puede suscitar la exploración de la condición del asesino que aborda el escritor Luisgé Martín en El odio.
La literatura trata desde siempre realidades complejas y dolorosas, también crímenes que han marcado a sociedades enteras. Desde Emmanuel Carrère o Truman Capote, y tantos otros, los escritores pueden trabajar con materiales difíciles y controvertidos. La obra de Luisgé Martín intenta dilucidar una violencia extrema, las condiciones en las que se produce y las implicaciones filosóficas y éticas de la crueldad como una pulsión en lo humano, explorando cómo la sociedad y la psicología individual convergen en actos que desafían la moral.
El tratamiento literario de El odio se aleja y rechaza cualquier intención que no sea la de presentar al lector la maldad del asesino sin justificar ni exculpar el crimen sino al contrario, mostrando su horror.
Reafirmamos nuestro compromiso con la responsabilidad editorial y la libertad de expresión, sabiendo que ambas deben convivir. En este sentido, entendemos que la literatura puede y debe abordar estos temas sin dejar de lado la complejidad que representan, como hace Luisgé en El odio.
La Constitución reconoce el derecho fundamental a la creación literaria. Por ello, Anagrama considera que tanto el autor como la editorial están en su derecho de publicar esta obra, pero esperaremos a lo que las resoluciones judiciales indiquen.
Sin ahondar mucho en el autor citado, Truman Capote, y su novela de no ficción A sangre fría considerada Nuevo Periodismo, creo necesario hacer algunos apuntes para dejar claramente definidas las líneas de lo que estamos acometiendo y no caer así en discursos falaces.
El 15 de noviembre de 1959 fueron asesinados los cuatro miembros de la familia Clutter en un pequeño pueblo de Kansas llamado Holcomb, la señora y el señor Clutter junto a su hijo e hija adolescentes. Los asesinos fueron Dick Hickcock y Perry Smith.
Capote leyó la noticia en la prensa y se trasladó a ese pueblo con su amiga Harper Lee (autora de Matar a un ruiseñor) para conocer todos los detalles de este crimen. En ese momento el escritor supo que no se limitaría a hacer un reportaje para el New Yorker, sino que iría más allá dando lugar a la llamada novela de no ficción. Truman Capote y Harper Lee empezaron una investigación minuciosa mediante entrevistas a todo el vecindario y Capote terminaría por entrevistar a los asesinos en la cárcel. El libro reconstruye la vida de los Clutter, la reacción de un pueblo atemorizado por lo sucedido y también hace una radiografía de la vida y las motivaciones de los asesinos.
Truman Capote tomó todas las fuentes con las que contó para edificar la narración de una historia mientras que Luisgé Martín sólo ha recogido las palabras de un asesino.
Lo que ocurrió en el pueblo de Holcomb en noviembre de 1959 fue un suceso atroz. En cambio, lo que ocurrió en una finca de Córdoba en octubre de 2011 no fue un suceso sino la manifestación más extrema de la violencia vicaria y por lo tanto un caso de violencia de género que atiende a un problema estructural. Hacer una equiparación al amparo de la creación literaria es deleznable ya que se antepone la libertad de expresión como derecho absoluto por encima de los derechos de las propias víctimas: Ruth Ortiz, su hija Ruth y su hijo José. De la misma manera que se aleja de entender las causas estructurales de la violencia contra las mujeres y los mecanismos para perpetuarla, obviando las leyes específicas con todo lo necesario para la prevención, sensibilización y erradicación.
La editorial Anagrama recurre a nuestra Constitución para justificar su publicación. Yo también voy a apelar a la Carta Magna, a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y a la Carta Magna de los derechos de las mujeres como es la CEDAW:
La Ley Orgánica 1/2004 recoge en su exposición de motivos que:
«La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión».
En el artículo 15 de nuestra Constitución se establece que «todas las personas tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidas a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». En el artículo 20, que es donde se determina que «se reconocen y protegen los derechos a la producción y creación literaria», se encuentra en su punto cuatro los límites a la libertad de expresión: «Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia».
La recomendación General Nº 19 del Comité de la CEDAW traslada que «enmarcar la violencia de género contra las mujeres como una violación de los derechos humanos implica un importante cambio conceptual. Significa reconocer que las mujeres no están expuestas a la violencia por accidente, o debido a una vulnerabilidad innata. Por el contrario, la violencia es el resultado de una discriminación estructural y arraigada, que el Estado tiene la obligación de abordar».
Una editora ha compartido en una red social un mensaje del propio autor donde ha declarado que “Ruth no es el centro del mundo”, mientras que periodistas de distintas televisiones y medios ocupan sus minutos y sus páginas esgrimiendo si la libertad de expresión debe estar por encima del dolor de una madre. Ruth Ortiz no es el centro de mundo, pero es la víctima que hay que proteger para no incurrir en una revictimización y un daño mayor al ya causado.
Los medios de comunicación que insisten en salvaguardar la libertad de expresión siguen colocando los feminicidios en su sección de sucesos y llenan sus titulares mostrando un lado “humano” del feminicida. Son los mismos medios que continúan dando la noticia como un hecho inexplicable cometido por un hombre que saludaba todos los días y que no dio ningún problema porque la mujer no denunció.
En la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se da más peso a la violencia vicaria y se determina «garantizar el reconocimiento directo como víctimas a los hijos e hijas menores de las mujeres víctimas para evitar que se acuerden o mantengan convivencia o visitas con un padre agresor». Unas medidas que como se especifican en líneas anteriores se establecieron en la creación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017 y que encontraron su punto de inflexión en los asesinatos cometidos por José Bretón.
Por lo tanto, no se puede usar la libertad de expresión para romper la decisión de un juez que dictamina que el asesino no se comunique con la víctima y que siga tejiendo esa red de violencia por medio de un libro que nunca va a ser un relato de no ficción al estilo Capote porque no estamos ante un suceso, sino ante una violencia específica cometida por hombres maltratadores contra las mujeres a través de sus hijos e hijas a quienes en tantas ocasiones les arrebatan el derecho fundamental a la vida; que se llama violencia vicaria y que necesita el firme compromiso de los poderes públicos, los medios y de toda la sociedad para acabar con ella.
